La crisis del déficit de docentes debió ser prevista por las autoridades educativas.

Lic. Carmen Aguirreche M.

Presidenta FESLEV-CLEV

Telf. 0414-2722459

Como ya se ha evidenciado en un sinnúmero de ocasiones, una de las características más resaltantes de la gestión gubernamental “revolucionaria” es la negación de la realidad, la falta de capacidad para aceptar las consecuencias de sus actos y de interés para comprometerse con el futuro, sobre todo porque jamás han proyectado la influencia de sus acciones en la vida de los ciudadanos.

Esta reflexión surge después de presenciar los últimos resultados que, en el área educativa, han originado una nueva crisis que afecta directamente la formación de nuestros jóvenes, mutilando sus sueños, la escasez de docentes paso asumir las asignaturas denominadas “materias duras”, es decir: matemáticas, química, física, biología e inglés (las “Tres Marías” y sus primas).

Ante la problemática que se viene gestando desde hace algún tiempo y que, en estos momentos, ya es imposible de ocultar, la reacción de los representantes del gobierno es irresponsable e infantil y, específicamente del nivel central, es inexistente ya que, hasta la fecha, no se ha dado ninguna declaración del ciudadano Ministro del Poder Popular para la Educación o de alguno de sus Viceministros.

Como todos sabemos y ya mencione, esta situación no es sorpresiva  sino que se venía conformando desde hace mucho tiempo, demostrando que las  agendas ocultas cuando prelan, descaradamente sobre los  fines oficiales de cualquier gestión, jamás responderán a las justas expectativas de la sociedad y, además hay inexistencia de una planificación adecuada para prever posibles circunstancias.

Para nadie es un secreto que la gestión del Prof. Aristóbulo Isturiz, como Ministro de Educación y Deportes, estuvo signada por la premisa del debilitamiento del sector docente, atacando la carrera y utilizando mecanismos para “depurar” al sistema de educadores “inconvenientes” o “molestos”, inundando a los planteles de interinos o aspirantes novicios a cargos fijos.

Uno de los mecanismos utilizados hasta el abuso fue el de las jubilaciones masivas, a rajatabla y sin miramientos, porque nunca se consideró lo obvio: si se saca del sistema a docentes capacitados, debe suplirse la demanda que esa acción ocasiona porque, de no hacerse, se estará  creando un déficit que afectará negativamente la calidad de la educación.

Aparentemente, el ex Ministro Isturiz en ningún momento se preocupó por esta consecuencia y nuestro actual Ministro del Poder Popular para la Educación, Lic. Adán Chávez, tampoco pierde el sueño por esta circunstancia ya que ha continuado con la estrategia de las jubilaciones impuestas, las cuales no han sido solicitadas por los docentes quienes se sorprenden cuando se enteran de que han sido jubilados, más los directivos que comprenden que la Zona Educativa no les suplirá ese recurso y que, en consecuencia, deberán asumir medidas extremas para responder a las exigencias no muy “razonables” del Ministerio y otros organismos en cuanto a la evaluación y la prosecución de los alumnos para responder a unas estadísticas que justifiquen la acción gubernamental en el sector educativo.

Ante la gravedad de la situación los docentes, conscientes de que no estamos hablando de estadísticas sino de niños, niñas y jóvenes con derecho a futuro, han respondido en la medida de sus capacidades  tratando de cubrir las deficiencias que ha generado la falta de clases para apresurar en esas materias e, igual compromiso y dedicación han demostrado muchos docentes universitarios preocupados por las desventajas que deben afrontar los jóvenes que ingresan a la educación superior en estas condiciones.

Sin embargo, la reacción absurda  (más no sorprendente) de ciertas personas gubernamentales es lanzarle la culpa a las universidades. Para muestra basta citar las palabras de la Prof. Aracelis Querales, Jefe de la Zona Educativa del estado Miranda, quien en declaraciones dadas a una periodista de “El Nacional” (“Min-Educación realiza un censo para determinar cuántos docentes faltan”,  26-02-2008, pág. 6. Ciudadanos) expresa lo siguiente: “El problema es estructural, pero no es negligencia del Gobierno- aseveró-  Es producto de una política errada de educación superior en el pasado, cuando los pocos estudiantes de los liceos eran los que iban a los pedagógicos para formar a las generaciones del futuro”.

Esta justificación suscrita contiene una carga de imprecisiones e incongruencias que superan, hasta apabullar, la simpleza de tal argumentación. En primer lugar, es imposible precisar la relación lógica entre la situación confrontada y el argumento en sí porque, sencillamente, no se está hablando de la calidad de la educación impartida sino de su inexistencia por falta de docentes especializados en esas materias.

En siguiente término, se encuentran las consideraciones de orden filosófico ya que, hablar de mejores o peores calificaciones en el ingreso a las universidades o pedagógicos, es la negación de uno de los principios de este gobierno, la oportunidad para todos acceder a la educación superior.

Por último, la aseveración de que no es por negligencia del gobierno es altamente discutible porque, simplemente, esta gestión no acaba de iniciar, son un poco más de nueve años en los cuales han tomado medidas arbitrarias que han debilitado grandemente a la educación oficial y ni siquiera demuestran el sentido común necesario para reparar los desaciertos, más bien continúan su línea de acción preestablecida (recuérdense las jubilaciones recientes) y, ante la presión de una sociedad preocupada, toman medidas de emergencia que no garantizan la calidad de la educación ha impartir.

Es decir, el reconocimiento de la crisis y la necesidad de dar una respuesta inmediata, ha provocado que se tomen acciones tan discutibles  como el llamado urgente  que hace la Zona Educativa de Miranda para biólogos, químicos, ingenieros y otros profesionales con conocimientos en las materias en las cuales hay déficit de docentes, como una forma de  solucionar la carencia de profesores en las asignaturas mencionadas.

Esta decisión desesperada tiene implicaciones , tanto de orden pedagógico como legal, que me hace preguntar si la Zona Educativa o,  mas bien, el propio Ministerio está preparado o, al menos, está tomando las medidas sustanciales para atender este nuevo panorama. Los profesionales  que atienden al llamado requieren una mínima inducción para asumir, en la emergencia, las funciones docentes y, también, tienen derecho a cierta estabilidad laboral o las condiciones mínimas que les garanticen una justa remuneración y reconocimiento por la labor realizada (¿cómo será reflejado esto en el marco legal?).

Otro aspecto que entra en el juego y que el sector oficial  convenientemente no ha mencionado, se relaciona con el Programa Nacional de Formación de Educadores- Misión Sucre ya que, supuestamente, en este año egresan los primeros 30.000 docentes, ¿nunca se previó el déficit a nivel de Educación Secundaria para tomar las medidas pertinentes?,  ¿por qué preparar docentes de Educación Integral para atender el nivel de Básica en un número tan alto?, ¿era realmente necesario?.

La falta de seriedad y verdadero compromiso con la educación venezolana nos ha llevado a atolladeros que debilitan cada vez más la educación oficial, en detrimento de nuestros niños y jóvenes. Las jubilaciones no planificadas a fin de atender las demandas subsiguientes; el pernicioso procedimiento de promediar calificaciones para cubrir el hecho de no haber dictado clases en las materias llamadas “duras” y la implementación del nuevo sistema de ingreso a la Educación Superior, eliminando la Prueba de Aptitud Académica y fundamentándose en los promedios de notas, configuran un escenario realmente preocupante porque no le estamos dando a los jóvenes ni los recursos ni los conocimientos suficientes para afrontar con éxito las exigencias propias de la formación profesional, lo cual significa que se está poniendo en riesgo el futuro de  las nuevas generaciones  para obtener un mayor control que responde únicamente a la mezquindad de un proyecto político-partidista. Ante esta situación, tengo la certeza de que la sociedad y, en especial, los docentes saldrán en defensa del futuro como ha sido siempre.